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Compra de sentencias: ¿El Estado le debe dinero? Conozca los 5 hechos más relevantes para demandar al Estado en reparación directa

Compra de sentencias

compra de sentencias

Usted está en el derecho de recibir una indemnización monetaria como una vía de reparación por todos los daños que le han sido causados por una entidad estatal. Incluso puede aplicar a la compra de sentencias como una de las vías más rápidas y efectivas. 

Colombia tiene ciudadanos que a pesar de que han sido víctimas del Estado, por falta de desconocimiento nunca se les ha reconocido como beneficiarios de sentencias o conciliaciones, y en parte esto se debe a que no han reclamado sus derechos ante las entidades pertinentes a través de las respectivas acciones.

Por ejemplo, hay que tener presente que el tiempo para presentar la demanda de reparación directa ante las entidades estatales es de dos años, contados a partir del día siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho, o desde el día en que el interesado lo conoció o debió conocerlo. Tener presente que si se trata de crímenes de lesa humanidad no aplica la caducidad para instaurar una demanda. 

A continuación conozca los cinco hechos más comunes en los que se debe presentar una demanda en contra del Estado:

  1. Daños a terceros en el desarrollo de sus funciones 

Tomaremos como ejemplo a la Policía y al Ejército como entidades responsables, en el caso que en medio de sus operativos se presenten daños a bienes materiales, perjuicios físicos a un individuo o el fallecimiento a una persona por fuego cruzado. 

Este es un denominado daño especial, siendo una de las teorías objetivas de responsabilidad del Estado, la cual se da cuando un miembro perteneciente a alguna de estas entidades de la Fuerza Pública, en desarrollo de sus funciones genera un daño a los ciudadanos, quienes no estaban en el deber legal de soportar. 

  1. Lesiones a miembros del Ejército en cumplimiento de sus obligaciones 

También está el caso en que la víctima es un militar, y como entidad responsable el Ministerio de Defensa, exactamente el Ejército Nacional. Aquí se presenta el régimen de responsabilidad aplicable, refiriéndose a la responsabilidad patrimonial del Estado que solo se genera en los eventos en los cuales se acredite la existencia de una Falla del servicio, o el sometimiento de la víctima a un riesgo superior a aquel que deban asumir los demás militares.

Se debe tener en cuenta, para que prosperen las pretensiones en la Falla del servicio, las siguientes tres causas:

  • Daño jurídico sufrido por el interesado.
  • Deficiencia del servicio porque no funcionó cuando debió hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada.
  • Relación de causalidad entre el segundo y el primero, es decir, comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la Falla del servicio. 

Un caso para destacar es la sentencia al Consejo de Estado – Sección tercera del 24 de febrero de 2005, donde la víctima fue el C.P. Ramiro Saavedra Vecerra.

  1. Persona privada de la libertad sufre afecciones en su salud estando recluido en establecimiento carcelario

Cuando alguien es privado de la libertad por haber cometido hechos ilegales es recluido por el Inpec, entidad que por medio de su personal evalúa el estado de salud de la persona practicando varios exámenes de rigor. Sin embargo, se han presentado casos donde después de realizar un ingreso en perfecto estado de salud, con el tiempo el individuo sufre deterioro en su salud física y emocional por las condiciones inhumanas del lugar de detención, como puede ser falta de higiene, mala alimentación y hacinamiento. 

Tal como es el caso de la víctima que solicita la mejora de sus condiciones a los guardias y al personal administrativo, quienes hacen caso omiso y debido a la negligencia, posteriormente requiere asistencia en un centro médico, donde la atención es deficiente y su estado de salud se agrava a tal punto que a pesar de que se comunica a la Defensoría del Pueblo para una intervención en el Centro Penitenciario, la persona fallece. En este caso la entidad responsable es el Inpec, y el régimen de responsabilidad se denomina como falla en el servicio. 

En conclusión, basta solamente con determinar estas condiciones para declarar responsable al Inpec a título de Falla en el servicio, resultando innecesario el análisis de la atención médica brindada por el establecimiento. De esta forma se han dado, por ejemplo, los siguientes casos correspondientes al Consejo de Estado – Sección Tercera:

  • Sentencia del 28 de abril de 2010. Exp 18271. C.P Mauricio Fajardo Gómez.
  • Sentencia del 20 de febrero de 2008. Exp 16996. C.P Alier Hernández Enríquez.
  • Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014. Exp 25000-23-26-000-2000-00340-01 (28832). C.P Danilo Rojas Betancourth.
  1. Privación injusta de la libertad

La responsabilidad Estatal por la privación injusta de la libertad, se basa en normas de derecho internacional, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los cuales obligaban a las autoridades a proteger la integridad de las personas. 

El Estado debe ser declarado responsable por la detención injusta hacia una persona en los siguientes casos:

  • Cuando se prueba que el delito no existió.
  • El sindicado no cometió el delito por el que está acusado.
  • La conducta no era constitutiva de hecho punible. 

En cualquiera de las situaciones anteriores se puede demandar al Estado, y solicitar una indemnización de perjuicios. Esta acción se lleva a cabo con la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial como entidades responsables, y con base en el régimen de responsabilidad aplicable que afirma: La privación injusta de la libertad es el injusto padecimiento que debe pasar una persona al ser restringido de su libertad personal por parte del Estado a través de su rama jurisdiccional, sea que esta actúe de forma correcta o no. 

  1. Daño sufrido por la muerte o las lesiones causadas a la población civil, en circunstancias de alteración al orden público (marchas o protestas)

La responsabilidad por Falla del Estado es el título de imputación de mayor relevancia dentro del ordenamiento jurídico colombiano, en cuanto a que las actuaciones irregulares de la administración generadoras de perjuicios se han convertido en uno de los criterios más usuales de responsabilidad administrativa.

La Fuerza Pública se obliga a desplegar acciones ajustadas al Estado de derecho, que respeten las normas constitucionales, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Pero cuando esto no ocurre, se encuentra como entidades responsables al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, aplicando el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, el cual consagra la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades. 

Aplique a la compra de sentencias

Si presentó una demanda contra el Estado, por uno de los cinco anteriores casos u otros, y ya tiene una sentencia ejecutoriada, la compra de sentencias es la modalidad que le da la oportunidad de recibir el dinero que le corresponde por ser víctima de reparación directa, en un tiempo inferior a los cuatro meses.  

Tenga presente que las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez sean notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. Sin embargo, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo debe resolver la solicitud para que quede ejecutoriada.

En el momento que tenga la sentencia ejecutoriada es necesario que presente la cuenta de cobro, de esta forma, posteriormente puede acudir a los abogados de Conactivos S.A.S. para aplicar a una compra de sentencias

Al presentar la cuenta de cobro no olvide escribir de forma clara los datos de identificación, teléfono, correo electrónico y dirección de los beneficiarios y sus apoderados. Además, debe adjuntar los siguientes documentos:

  • Copia de la respectiva sentencia, laudo arbitral o conciliación con la correspondiente fecha de ejecutoria.
  • Poder que se hubiere otorgado, de ser el caso, el cual deberá reunir los requisitos de ley, incluir explícitamente la facultad para recibir dinero y estar expresamente dirigido a la entidad condenada u obligada.
  • Certificación bancaria expedida por entidad financiera, donde se indique el número y tipo de cuenta del apoderado y la de aquellos beneficiarios mayores de edad que soliciten que el pago se les efectúe directamente.
  • Copia del documento de identidad de la persona a favor de quien se ordena efectuar la consignación.

En caso de que tenga una sentencia en firme y ejecutoriada, pero no haya presentado la cuenta de cobro, puede recibir la asesoría de los abogados de Conactivos para cumplir con este paso y beneficiarse de la compra de sentencias.

¿Por qué aplicar a la compra de sentencias?

Como lo mencionamos anteriormente, la razón más destacable para optar por la compra de sentencias, es la posibilidad de recibir el dinero en un lapso que no supera los 120 días, un tiempo razonable y no comparable a los hasta siete años que actualmente se presentan como tiempo de mora por parte de algunas entidades del Estado. 

Hasta el momento, a través del proceso de compra de sentencias de Conactivos, se han favorecido más de 1.500 familias en los últimos cinco años, y en todo el territorio colombiano. Beneficiarios a quienes no les cumplieron con los siguientes tiempos estipulados por la ley:

  • Las sentencias en relación con el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), estipula como tiempo máximo para el pago 18 meses, después de ese término podrán acudir ante la justicia ordinaria para ejecutar la obligación. 
  • Las sentencias en relación con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), establecen como tiempo máximo para el pago 10 meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.

Así es, además de que las entidades presentan moras superiores a estos tiempos decretados, los retrasos se están presentando por años y cada vez se acumulan más. Por esta razón, la compra de sentencias realizada por Conactivos, se ha convertido en el modelo de pago anticipado que está permitiendo a los beneficiarios disfrutar del dinero que materializa los sueños y proyectos de miles de familias colombianas.  

Para conocer más sobre la compra de sentencias visite nuestra página de Facebook en el siguiente enlace https://www.facebook.com/conactivos y también nuestro canal de YouTube aquí https://www.youtube.com/channel/UChoRi8v1GB-ORfdogIR4lSg 

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Si está interesado en el proceso de compra de sentencias puede comunicarse con nuestras líneas telefónicas 3541552 – 318 328 3813 para obtener una completa asesoría por parte de nuestras profesionales. 

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En este artículo podrá vislumbrar porque la compra de sentencias es una solución inmediata para quienes han sido víctimas del Estado y se les ha reconocido una reparación bajo el modelo de indemnización económica, el cual encontrará en el siguiente link https://conactivos.com.co/2021/04/23/la-compra-de-sentencias-una-solucion/

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