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Impuesto de Timbre: El Nuevo Desafío en la Compra de Sentencias y Cómo Conactivos te Respalda
Publicado por: Conactivos
La compra de sentencias es un mecanismo financiero revolucionario que permite a las personas monetizar de manera anticipada los recursos derivados de sus sentencias de reparación directa. Este proceso es la mejor manera de obtener reparación rápida y liquidez inmediata; ya no deben esperar más años para que la entidad les pague. En Conactivos, entendemos la urgencia de sus necesidades y ofrecemos una solución que transforma vidas, permitiéndoles acceder a sus recursos cuando más los necesitan.
Recientemente, las reformas tributarias han introducido nuevas cargas fiscales que impactan directamente este proceso de compra de sentencias. Una de las modificaciones más relevantes es el impuesto de timbre. Lo más notorio de esta medida es que su recaudo se destina a financiar la crisis humanitaria en el Catatumbo, una región gravemente afectada por la violencia y los conflictos armados. Esta situación nos lleva a cuestionarnos: ¿cómo impacta esta reforma la compra de sentencias y qué implicaciones tiene para todos los involucrados en este tipo de transacciones?
Descifrando el Impuesto de Timbre: ¿Qué es y Cómo te Afecta?
El impuesto de timbre es un gravamen aplicado a documentos y actos jurídicos específicos, funcionando como un costo adicional exigido por el Estado para conferirles formalidad y autenticidad. En el ámbito de la compra de sentencias, la pregunta clave que surge es cómo esta carga fiscal incide directamente en tales transacciones.
Recientemente, el impuesto de timbre experimentó una modificación significativa. Anteriormente, su tarifa era del 0 %. Sin embargo, con la reforma implementada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, la tarifa se ajustó al 1 %, con una vigencia establecida hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta medida tiene como propósito la recaudación de recursos para abordar la emergencia humanitaria en el Catatumbo, una región severamente afectada por la violencia.
Es crucial señalar que el ajuste en el impuesto de timbre afecta principalmente las transacciones de mayor cuantía. Según el Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025, el tributo se aplicará a documentos que formalicen la constitución, modificación, extinción, prórroga o cesión de obligaciones. Además, solo será exigible cuando el monto involucrado supere las 6.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), lo que equivale a aproximadamente $298.794.000 COP en 2025.
Conactivos y tu Bienestar Económico: Una Prioridad
Conactivos se enfoca en el bienestar económico de sus clientes, por lo que al momento de formalizar el contrato de compra de sentencias, se asegura de que la liquidación final del desembolso no supere los $298.794.000 COP. Para lograr esto, el equipo de propuestas de Conactivos proyecta el valor de la sentencia a la fecha del desembolso, garantizando que el monto no exceda las 6.000 Unidades de Valor Tributario (UVT). Es importante destacar que estas proyecciones incluyen las actualizaciones correspondientes para asegurar la precisión del valor. Esta previsión es clave para evitar retenciones innecesarias al momento del desembolso, asegurando que recibas el monto esperado sin sorpresas.
Cuando decides vender tu sentencia, firmas lo que se conoce como un contrato de cesión de derechos económicos. Este contrato es un acuerdo legal entre tú (en calidad de cedente) y la empresa que compra la sentencias (el cesionario), en el que transfieres a esa empresa el derecho a recibir el dinero que te debe el Estado, a cambio de un pago anticipado.
Sin embargo, es importante entender que la firma del contrato no es el paso final. El proceso solo se considera completamente terminado cuando se realiza el desembolso, es decir, cuando recibes el dinero acordado. Este momento es el que realmente le da vida práctica y efectiva a todo el trámite. Es ahí cuando se hace realidad el objetivo principal de este proceso: obtener una reparación rápida y liquidez inmediata, sin tener que esperar a que el Estado pague por su cuenta, lo cual puede tardar años.
Antes de que un contrato de cesión de derechos sobre una sentencia adquiera plena validez, debe cumplirse un paso esencial: la notificación formal a la entidad estatal deudora. Esta notificación tiene como fin informar a la entidad sobre el contrato celebrado entre el titular original del derecho (cedente) y la empresa cesionaria.
Una vez notificada, la entidad revisa el contenido del contrato para verificar que cumpla con los requisitos legales y procedimentales. Si no encuentra objeciones, procede a aceptar la cesión, reconociendo oficialmente al nuevo beneficiario del crédito: la empresa cesionaria. Esta aceptación es clave, ya que es lo que valida jurídicamente la transferencia del derecho económico contenido en la sentencia.
Luego de esta aceptación, el cedente —es decir, la persona natural o jurídica que inicialmente tenía el derecho sobre la sentencia— firma una constancia de paz y salvo. Este documento certifica que ha recibido el valor acordado y que está conforme con todas las condiciones pactadas en el contrato. La firma de este paz y salvo también cumple una función legal importante: fortalece la validez del negocio jurídico, según lo dispuesto en los artículos 1959 a 1961 del Código Civil colombiano, que regulan la cesión de derechos personales, como ocurre en este tipo de operaciones.
Finalmente, el proceso culmina con la firma de la orden de giro y la liquidación definitiva del monto, momento en el que se concreta el desembolso del dinero. Esta liquidación se realiza sobre una proyección actualizada del valor estimado de la sentencia, el cual debe respetar el límite legal vigente para este tipo de transacciones, que no puede superar los $298.794.000 COP.
Ahora bien, ¿qué pasa con los valores involucrados? El dinero que tú recibes refleja lo que se acordó en el contrato, incluyendo actualizaciones e intereses, y es calculado cuidadosamente para ser justo y exacto. Es importante entender que el valor nominal de una sentencia no es lo mismo que el valor del desembolso que finalmente recibes al venderla. El valor nominal corresponde al monto original reconocido en la sentencia judicial, es decir, la cantidad por la cual fue condenado el Estado. En cambio, el valor del desembolso es la suma que efectivamente recibes al concretar la venta, y puede ser superior al valor nominal debido a factores como las actualizaciones y los intereses legales acumulados hasta la fecha del pago.
Conactivos: Tu Aliado Estratégico en la Compra de Sentencias
En Conactivos, estamos comprometidos con tu bienestar y la agilización de tus procesos financieros. Entendemos la urgencia que puedes tener para acceder a tus recursos, y por eso nos hemos especializado en la compra de sentencias, ofreciéndote un servicio transparente, eficiente y seguro. Nuestro equipo de expertos te guiará en cada paso, desde la valoración de tu sentencia hasta la materialización del desembolso.
Nuestra experiencia en la compra de sentencias nos permite ofrecerte la tranquilidad de saber que estás en manos de profesionales. Nos preocupamos por el cliente y su bienestar económico, y por eso hemos diseñado un proceso que minimiza las complicaciones y maximiza tu beneficio. La compra de sentencias con Conactivos es sinónimo de agilidad y confianza.
No permitas que la lentitud del sistema judicial te impida acceder a tus recursos. La compra de sentencias es la puerta a la libertad financiera que tanto anhelas. Conactivos te ofrece la oportunidad de transformar esa sentencia en liquidez inmediata, liberándote de las esperas y las incertidumbres. Ya no deben esperar más años para que la entidad les pague. La compra de sentencias es la respuesta.
Escrito por la Dra. Marcela Bejarano, Abogada
