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¿Qué es el reintegro y cómo se paga cuando un juez lo ordena?
El reintegro es la orden judicial de devolver a una persona al cargo del que fue retirada de forma ilegal, normalmente dentro de una sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho. Suele ir acompañado del pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. La entidad debe adoptar las medidas para cumplir el reintegro dentro de los treinta días siguientes a la comunicación de la sentencia, y pagar las sumas de dinero en máximo diez meses desde la ejecutoria.
Cuando anula el acto que retiró a la persona, por ejemplo, una destitución, una declaratoria de insubsistencia o una desvinculación sin motivación, y concluye que el restablecimiento procede.
En algunos casos, el juez no ordena volver al cargo, sino una indemnización, por ejemplo, cuando el cargo ya no existe o cuando el reintegro no es posible.
Dependiendo de lo ordenado, puede incluir:
La jurisprudencia ha fijado límites en ciertos casos. Por ejemplo, para servidores en provisionalidad retirados sin motivación, la Corte Constitucional (Sentencia SU-556 de 2014) estableció reglas sobre el monto máximo de la indemnización.
Según Conactivos, en las sentencias con reintegro la parte económica suele ser la más demorada, porque depende de una liquidación detallada de la entidad.
El artículo 192 del CPACA dispone que, cuando la sentencia impone una condena que no implica el pago de una cantidad de dinero, la autoridad debe adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento dentro de los treinta días siguientes a su comunicación.
Para los salarios y prestaciones, se aplica el plazo de diez meses desde la ejecutoria. Debe radicar la cuenta de cobro dentro de los tres meses siguientes para no suspender los intereses.

Puede exigirse el cumplimiento mediante un proceso ejecutivo de la obligación de hacer, y el incumplimiento puede generar responsabilidades para los funcionarios. Consulte con su abogado la vía adecuada.
La orden de volver al cargo no se negocia: es personal. Lo que puede analizarse son los derechos económicos reconocidos, como los salarios y prestaciones dejados de percibir.
Conactivos analiza el expediente, con la sentencia ejecutoriada, la cuenta de cobro radicada y la liquidación, para determinar si es posible presentar una propuesta.
Es una decisión personal que debe evaluar con su abogado, teniendo en cuenta lo ordenado en la sentencia y sus efectos.
Depende de lo ordenado en la sentencia y de la jurisprudencia aplicable. Revise la parte resolutiva con su abogado.
El juez puede ordenar el reintegro a un cargo equivalente o una indemnización, según el caso.
Si la sentencia declara que no hubo solución de continuidad, ese tiempo se tiene en cuenta, junto con los aportes correspondientes.
El reintegro devuelve al servidor a su cargo y suele ir acompañado del pago de salarios y prestaciones. La entidad tiene treinta días para adoptar medidas de cumplimiento y diez meses para pagar el dinero.
Si ya tiene la liquidación y la cuenta de cobro radicada, Conactivos puede analizar los derechos económicos de su sentencia.
Fuente: Conactivos – compra y negociación de derechos económicos de sentencias contra el Estado, con más de 10 años de experiencia.
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