Colombianos que han ganado pleitos judiciales con el Estado siguen esperando indemnizaciones

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Cientos de colombianos beneficiados con las sentencias judiciales están a la espera de los pagos que deben realizar diferentes entidades del Estado a nivel nacional.

Se trata de las víctimas de falsos positivos, pero también de otros hechos acontecidos en el marco del conflicto armado, de privación injusta de la libertad y lesiones a jóvenes que prestaron el servicio militar obligatorio, entre otros, que esperan el dinero correspondiente a su reparación.

La abogada de Conactivos, Alexa Estupiñán, dijo que la demora de estos pagos se registra luego de que el Gobierno Nacional, a través del decreto 960 del 22 de agosto de 2021, solicitara una prórroga para el decreto que se reglamenta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

El documento establece los acuerdos de pago sobre sentencias y conciliaciones que se encuentren en mora hasta el 31 de octubre del presente año, con cuentas de cobro acumuladas incluso desde el 2014.

“La situación, se complicó más por las medidas adoptadas en la administración pública para enfrentar la pandemia, ya que en las entidades no se cuenta con los recursos humanos, técnicos o financieros para gestionar los acuerdos de pago conforme al PND”, dijo.

Señaló que se han conocido diferentes denuncias de pagos irregulares.

“Se han generado suspicacias en torno al proceso de pago que ha determinado el PND vigente y sus Decretos subsiguientes, porque se conocen unos pocos casos de ciudadanos a los que sí se les realizó el pago de manera ágil, mientras que otros beneficiarios, con turnos de pago más antiguos, todavía siguen esperando”, resaltó.

Dijo que una alternativa para muchos colombianos que adelantan demandas contra el Estado es la compra de sentencias.

“A pesar de tener un fallo a su favor, tienen que esperar 7 años o más para recibir el dinero de la reparación, de esta forma Conactivos se ha convertido en una opción para muchos beneficiarios, ya que pueden recibir sus pagos en un lapso no mayor a cuatro meses”, señaló.

Dijo que en este 2021, las entidades que más acumulan deuda por pago de sentencias (con cifras aproximadas que incluyen intereses) son el Ministerio de Defensa con $ 5.8 billones, la Fiscalía General de la Nación con $ 2.6 billones y la Policía Nacional con $ 2.1 billones; montos que sin duda siguen aumentando.

“El presupuesto asignado cada año para el pago de este rubro, no alcanza ni a cubrir el 10% de la deuda existente. Aumentando la difícil situación socioeconómica de la mayoría de los beneficiarios de sentencias con una grave afectación a su calidad de vida y la de sus familiares, que incluso fallecen sin que reciban el dinero al que tienen derecho”, aseguró.

Apuntó que aunque la ley determina realizar pagos en un tiempo no mayor a 18 meses, la realidad se aleja ampliamente de esos términos.

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