¿Cuánto tiempo demora el Estado en el pago de las Sentencias y Conciliaciones?
Con relación a los tiempos establecidos en la legislación colombiana actualmente existen dos códigos que establecen las reglas del cumplimiento del pago de sentencias y conciliaciones, correspondientes al Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo y la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Contencioso Administrativo, precisando que el primero es el régimen de transición.
Compra de sentencias y el tiempo en el Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo
De conformidad con el establecido en los artículos 173, 174, 175 ,176 y 177, ejecutoriada la providencia que imponga una condena o apruebe una conciliación, la entidad deudora tiene como tiempo máximo para el pago 18 meses, después de ese término podrán acudir ante la justicia ordinaria para ejecutar la obligación.
Compra de sentencias y el tiempo Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Contencioso Administrativo.
Los artículos 192 y siguientes establecen el cumplimento y trámite para el pago de las condenas y conciliaciones,en este régimen la entidad obligada tiene como tiempo máximo para el pago 10 meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.
Presupuestos y Tiempos para Pago de Sentencias Judiciales
ENTIDAD | PRESUPUESTO2019 | PRESUPUESTO2020 | VARIACIÓN | TURNO DE PAGO | TIEMPO DE ESPERA |
Min. De Defensa | $218.540.000.000 | $108.000.000.000 | $108.000.000.000 | Abril de 2015 | 57 meses |
INPEC | $63.200.300.000 | $26.100.000.000 | $37.100.300.000 | Marzo de 2016 | 46 meses |
Policía | $63.200.300.000 | $54.000.000.000 | $52.873.000.000 | Febrero de 2015 | 59 meses |
Fiscalia | $35.297.000.000 | $24.700.000.000 | $10.597.000.000 | Febrero 2014 | 71 meses |
Invias | $82.448.404.915 | $70.200.000.000 | $12.248.404.915 | 2018 y 2019 | 24 meses |
TOTAL | $462.686.004.915 | $283.000.000.000 | $220.818.704.915 |
Soluciones Emergentes ante las demoras por parte del Estado en los pagos:
Ante la mora que presentan las diferentes Entidades del estado frente al pago de las sentencias y conciliaciones nacen alternativas para que los beneficiarios y abogados puedan hacer efectivo el dinero de forma anticipada, las cuales corresponden a la compra de sentencias y conciliaciones por parte de empresas sólidas que advierten la necesidad de brindar una solución pronta, eficaz y profesional a dicha situación.
Los registros de Conactivos evidencian más de 1.000 beneficiarios en toda Colombia que han recibido su dinero de forma anticipada, de los cuales el 100% han mejorado su situación financiera y por consiguiente su calidad de vida, por medio de inversiones que han realizado en proyectos propios y en el cumplimiento de sueños postergados. “Díganos en que región se encuentran y les podemos decir con cuántos clientes hemos trabajado”, comenta Estupiñán.
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Conactivos transforma una dificultad en una oportunidad, y permite que el proceso de compra de sentencias y conciliaciones tenga cobertura a nivel nacional, siendo la opción más rápida de obtener liquidez.
La alternativa comprobada más efectiva es la compra de sentencias, porque al ser realizada por profesionales con experiencia y trayectoria, se convierte en la solución rápida que les permite a los apoderados y/o beneficiarios gozar del dinero que les corresponde cuando más lo necesitan.
La espere por el pago de sentencias y conciliaciones en contra del Gobierno Nacional que cada vez es mayor por diferentes factores, entre los que se destaca el desconocimiento de las víctimas para realizar un proceso acertado y las barreras económicas y sociales que tienen para presionar de forma constante a las entidades deudoras o que no les han devuelto el dinero correspondiente. Además por esta época muchos trámites judiciales se han retrasado más de lo normal por la contingencia Nacional que estamos padeciendo como es la del coronavirus. Por estas circunstancias, es que la compra de sentencias aparece como un “salvavidas” para reclamar el dinero que por ley les corresponde a los beneficiarios.