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¿Qué es la nulidad y restablecimiento del derecho y cómo se paga?
La nulidad y restablecimiento del derecho es la demanda que permite pedirle a un juez que anule un acto administrativo que afectó a una persona y que, además, ordene reparar ese daño, por ejemplo, reintegrándola a su cargo o pagándole salarios y prestaciones. Cuando la sentencia condena al pago de dinero, la entidad debe cumplirla en máximo diez meses desde la ejecutoria, previa radicación de la cuenta de cobro.
Un acto administrativo es una decisión de una entidad pública que produce efectos jurídicos: una destitución, una declaratoria de insubsistencia, la negación de una pensión o una sanción, entre otros.
El artículo 138 del CPACA permite demandar la nulidad de ese acto cuando es contrario a la ley, fue expedido sin competencia, con falsa motivación o desviación de poder, y pedir que se restablezca el derecho.
Muchos de estos procesos tienen origen laboral y son demandados por servidores o exservidores públicos.
Por regla general, la demanda debe presentarse dentro de los cuatro meses siguientes a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto, según el artículo 164 del CPACA. Hay excepciones, como los actos que reconocen o niegan prestaciones periódicas, que pueden demandarse en cualquier tiempo.
Según Conactivos, el corto plazo de caducidad en nulidad y restablecimiento hace que la asesoría temprana sea decisiva.
Si la sentencia ordena el pago de dinero, el trámite es similar al de cualquier condena contra el Estado:
En estos procesos, la entidad debe calcular los valores exactos: salarios, prestaciones, aportes a seguridad social, descuentos e intereses. Esa liquidación es clave, porque determina cuánto recibirá el beneficiario.

El artículo 192 del CPACA fija un plazo máximo de diez meses para pagar las condenas en dinero. Si la condena incluye obligaciones distintas al pago, como el reintegro, la entidad debe adoptar las medidas para cumplirlas dentro de los treinta días siguientes a su comunicación.
Las sumas reconocidas generan intereses moratorios desde la ejecutoria, con las reglas del artículo 195 del CPACA.
Sí. Conactivos analiza procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre que la sentencia esté ejecutoriada, la cuenta de cobro radicada y la entidad haya expedido la liquidación correspondiente.
Con esa información, Conactivos analiza el expediente para determinar si cumple con las condiciones necesarias para presentar una propuesta.
La nulidad y restablecimiento ataca un acto administrativo ilegal. La reparación directa busca indemnizar daños causados por hechos, omisiones u operaciones del Estado, sin que exista un acto que anular.
Por regla general no, salvo excepciones como las prestaciones periódicas. Consulte con un abogado lo antes posible.
No siempre. Puede ordenar solo el reintegro, una corrección o la anulación del acto. Depende de lo pedido y probado.
Su abogado puede presentar observaciones o acudir a los mecanismos legales para corregirla.
La nulidad y restablecimiento del derecho permite anular decisiones ilegales de la administración y reparar el daño causado. Cuando la sentencia ordena pagar, el cobro sigue las reglas de cualquier condena contra el Estado, con un paso clave: la liquidación de la entidad.
Si ya tiene esa liquidación y la cuenta de cobro radicada, Conactivos puede analizar su caso.
Fuente: Conactivos – compra y negociación de derechos económicos de sentencias y conciliaciones contra el Estado, con más de 10 años de experiencia y cobertura nacional.
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