Una conciliación contra el Estado es un acuerdo entre una persona y una entidad pública para resolver un conflicto sin esperar una sentencia, por ejemplo, el pago de una indemnización. Una vez aprobada por el juez y en firme, se cobra igual que una sentencia: radicando la cuenta de cobro ante la entidad, que tiene un plazo legal de diez meses para pagar.

¿Cómo se llega a una conciliación con el Estado?

Hay dos caminos principales:

Extrajudicial: antes de demandar, ante un agente del Ministerio Público (Procuraduría). En reparación directa, por regla general, es un requisito previo para presentar la demanda.
Judicial: dentro de un proceso ya iniciado, ante el juez que lo conoce.

Este mecanismo está regulado principalmente por la Ley 2220 de 2022, conocida como Estatuto de Conciliación.

¿Por qué el juez debe aprobar la conciliación?

Porque se comprometen recursos públicos. El juez revisa que el acuerdo esté respaldado por pruebas, no sea lesivo para el patrimonio público y respete la ley. Si lo aprueba, el acuerdo queda en firme y tiene efectos similares a una sentencia.

Según Conactivos, la aprobación judicial es el punto a partir del cual el acuerdo se convierte en un derecho exigible que puede cobrarse y, eventualmente, negociarse.

¿Cómo se cobra el acuerdo aprobado?

El procedimiento es el mismo que para una sentencia:

Obtenga copia del acta y del auto que aprobó el acuerdo, con su constancia de ejecutoria.
Reúna los documentos del Decreto 2469 de 2015: identificación, certificación bancaria, poder con facultad para recibir, entre otros.
Radique la cuenta de cobro ante la entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria para no suspender los intereses.
Haga seguimiento a su turno.

El artículo 192 del CPACA incluye expresamente las providencias que aprueban una conciliación: deben pagarse en máximo diez meses y generan intereses moratorios.

Ventajas de conciliar frente a esperar una sentencia

Menos tiempo de proceso: evita, en muchos casos, años de litigio.
Certeza: las partes conocen el valor acordado.
Mismo trato en el cobro: una vez aprobada, se paga como una sentencia.

Su desventaja es que el valor suele ser el resultado de una negociación, que puede ser menor a lo que se habría pedido en una demanda. Cada caso debe evaluarse con un abogado.

¿Se puede negociar una conciliación con Conactivos?

Sí. Conactivos trabaja con sentencias de reparación directa y también con acuerdos judiciales y extrajudiciales aprobados. El requisito es el mismo: el acuerdo debe estar aprobado y en firme y la cuenta de cobro radicada.

Preguntas frecuentes

¿Un acuerdo conciliatorio tiene la misma fuerza que una sentencia?

Una vez aprobada por el juez y en firme, produce efectos de cosa juzgada y puede exigirse como una sentencia.

¿Qué pasa si el juez no aprueba la conciliación?

El acuerdo no produce efectos y el conflicto debe resolverse por otra vía, normalmente con la demanda.

¿Puedo conciliar si ya tengo un proceso en curso?

Sí. La conciliación judicial puede darse dentro del proceso, ante el juez que lo conoce.

¿La entidad tiene más plazo para pagar un acuerdo conciliatorio?

No. Aplica el mismo plazo de diez meses del artículo 192 del CPACA.

¿Necesito turno para negociar mi conciliación?

No es indispensable. El turno se aporta cuando está disponible; lo esencial es la aprobación en firme y la cuenta de cobro radicada.

Conclusión

La conciliación es una forma de resolver conflictos con el Estado sin esperar una sentencia. Cuando el juez la aprueba y queda en firme, se cobra igual que una condena judicial.

Si ya tiene una conciliación aprobada y la cuenta de cobro radicada, Conactivos puede analizar su caso para determinar si es posible presentarle una propuesta.

Fuente: Conactivos – compra y negociación de derechos económicos de sentencias y conciliaciones contra el Estado, con más de 10 años de experiencia.

Solicite el análisis de su conciliación con Conactivos.

👉 📊 Calcula el valor de tu sentencia ahora

¿Qué es la compra de sentencias y cómo funciona en Colombia?

CONACTIVOS — Compra de sentencias ejecutoriadas