Beneficiarios de sentencias judiciales siguen esperando pagos por parte del Estado

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El Gobierno Nacional, a través del decreto 960 del 22 de agosto de 2021, solicitó una prórroga para otro Decreto que reglamentaba el artículo 53 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que busca llevar a cabo acuerdos de pago sobre sentencias y conciliaciones que se encuentren en mora hasta el 31 de octubre del presente año. No obstante, hasta el momento, cientos de víctimas de falsos positivos, de otros hechos acontecidos en el marco del conflicto armado, de privación injusta de la libertad y lesiones a jóvenes que prestaron el servicio militar obligatorio, entre otros, siguen esperando el dinero correspondiente a su reparación.

Las cuentas de cobro que acumula el Estado colombiano por el pago de reparaciones se remontan incluso al año 2014, y aunque el gobierno del presidente Iván Duque, incluyó el reconocimiento como deuda pública del pago de sentencias y conciliaciones en su (PND), no podrá ponerse al día con los beneficiarios de estas sentencias, si sigue postergando el concretar o implementar dicha medida, especialmente teniendo en cuenta que su periodo termina en agosto de 2022, lo que haría que las víctimas deban seguir alargando la espera para recibir finalmente el pago de su reparación.

La situación, que se complicó aún más por cuenta de las medidas adoptadas en casi todos los niveles de la administración pública para enfrentar la pandemia, no parece tener solución puesto que en las entidades no se cuenta con los recursos humanos, técnicos o financieros para gestionar los acuerdos de pago conforme al PND. En el año 2020 y en medio de la emergencia nacional provocada por el coronavirus, la Presidencia de la República emitió varios decretos en los cuales avalaba que las entidades hicieran una pausa en el pago de sentencias y conciliaciones, pero a pesar del regreso a la normalidad en la administración pública, muchas instituciones siguen presentando demoras o pausas alarmantes en los pagos.

Para este año, las entidades que más acumulan deuda por pago de sentencias (con cifras aproximadas que incluyen intereses) son el Ministerio de Defensa con $ 5.8      billones, la Fiscalía General de la Nación con $ 2.6 billones y la Policía Nacional con $ 2.1 billones; montos que sin duda siguen aumentando debido, principalmente, a que el presupuesto asignado cada año para el pago de este rubro, no alcanza ni a cubrir el 10% de la deuda existente. Además, a este saldo hay que sumarle que, en el país, día a día se dictan nuevos fallos en contra de las entidades públicas, que elevan la deuda del Estado.

Aunque la ley determina realizar pagos en un tiempo no mayor a 18 meses, la realidad es que la espera se aleja ampliamente de esos términos, teniendo que pasar, en muchos casos, hasta más de 7 años para que víctimas de privación injusta de la libertad, de malas actuaciones de entidades públicas o de falsos positivos, reciban su pago. Para 2019, la deuda acumulada por sentencias y conciliaciones sobrepasaba los $ 10 billones, según la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.

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