El Estado debe indemnizar por privación injusta de la libertad cuando una persona fue detenida en el marco de un proceso penal y la medida resultó injustificada, por ejemplo, porque no se cumplían los requisitos legales o porque fue desproporcionada frente a lo que se sabía del caso. La indemnización se reclama mediante una demanda de reparación directa.

Ser absuelto no da derecho automático a la indemnización por privación de la libertad. El juez analiza cada caso. En este artículo le explicamos cuándo procede, qué perjuicios se reconocen y cuánto tiempo tiene para demandar.

¿Qué es la privación injusta de la libertad?

La privación injusta de la libertad es la situación en la que una persona es detenida (en un centro carcelario o en su domicilio) por decisión de una autoridad judicial y, después, se establece que esa detención no debió ocurrir.

La base de esta responsabilidad está en el artículo 90 de la Constitución, según el cual el Estado responde por los daños antijurídicos que le sean imputables, y en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que establece que quien haya sido privado injustamente de la libertad puede demandar reparación.

¿Basta con ser absuelto para recibir indemnización?

No. La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-072 de 2018, precisó que la absolución no genera por sí sola el derecho a ser indemnizado. El juez debe revisar si la medida fue razonable, proporcionada y ajustada a la ley en el momento en que se dictó.

También se analiza la conducta de la persona detenida. Según el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, la responsabilidad puede excluirse si el daño se debió a culpa grave o dolo de la víctima.

¿En qué casos de privación injusta suele reconocerse la indemnización?

Cada caso es distinto, pero la discusión suele centrarse en situaciones como:

La medida de aseguramiento se impuso sin pruebas suficientes.
La detención se prolongó más allá de lo razonable.
La persona fue absuelta porque se demostró que no cometió el hecho o que el hecho no existió.
La medida fue desproporcionada frente a las circunstancias.

Las entidades demandadas con mayor frecuencia en los casos de privación injusta son la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.

¿Qué perjuicios me pueden reconocer por privación injusta?

Si el juez encuentra responsable al Estado por la privación injusta, puede reconocer varios tipos de perjuicios:

Perjuicios morales

Compensan el sufrimiento causado por la privación de la libertad a la persona detenida y de sus familiares cercanos. El Consejo de Estado ha fijado criterios de referencia que tienen en cuenta, entre otros factores, el tiempo de detención y la cercanía del familiar.

Perjuicios materiales

Lucro cesante: los ingresos que la persona dejó de recibir mientras estuvo detenida.
Daño emergente: los gastos que tuvo que asumir por la detención, como los honorarios de la defensa penal.

Afectación de otros bienes protegidos

En algunos casos se reconoce la afectación del buen nombre, la honra o la vida familiar, según lo que se pruebe en el proceso.

Cada perjuicio debe demostrarse con pruebas. Por eso, el acompañamiento de un abogado con experiencia es fundamental.

¿Cuánto tiempo tengo para demandar al Estado?

La demanda de reparación directa debe presentarse dentro de los dos años previstos en el artículo 164 del CPACA. En los casos de privación injusta, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que ese término se cuenta desde que queda en firme la decisión que pone fin al proceso penal a favor de la persona, como la absolución.

Si deja vencer ese plazo, se produce la caducidad y ya no podrá reclamar la indemnización. Antes de demandar, también debe agotarse la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría.

Recomendaciones antes de demandar

Obtenga copia de las decisiones del proceso penal y de la constancia de su firmeza.
Reúna pruebas del tiempo de detención y de los ingresos que dejó de recibir.
Consulte a un abogado lo antes posible para no perder el plazo.

¿Qué pasa después de ganar la demanda?

Si obtiene una sentencia favorable, empieza la etapa de cobro: la sentencia debe quedar ejecutoriada y debe radicarse la cuenta de cobro ante la entidad condenada. Luego, la entidad asigna un turno y realiza el pago según su disponibilidad.

Esta espera puede ser larga. En esa etapa, algunos beneficiarios evalúan negociar los derechos económicos de su sentencia. Conactivos analiza el expediente para determinar si cumple con las condiciones necesarias para presentar una propuesta, siempre que la sentencia esté ejecutoriada y la cuenta de cobro radicada.

Preguntas frecuentes

¿La detención domiciliaria también cuenta?

Sí. La privación de la libertad puede darse en un establecimiento carcelario o en el domicilio. En ambos casos puede evaluarse una demanda si la medida fue injusta.

¿Mis familiares también pueden demandar?

Sí. Los familiares cercanos que hayan sufrido un perjuicio, como padres, hijos, cónyuge o hermanos, pueden reclamar sus propios perjuicios dentro de la misma demanda.

¿Contra quién se presenta la demanda?

Normalmente contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, según la autoridad que solicitó y la que ordenó la medida. Su abogado definirá las entidades en cada caso.

¿Qué pasa si el proceso penal terminó por preclusión?

Puede evaluarse la demanda. Lo determinante es si la detención fue injustificada, no solo la forma en que terminó el proceso penal.

Conclusión

El Estado debe indemnizar la privación injusta de la libertad cuando la medida no estaba justificada, pero el derecho no es automático: cada caso se analiza y los perjuicios deben probarse dentro del plazo de dos años.

Si ya tiene una sentencia favorable, ejecutoriada y con cuenta de cobro radicada, Conactivos puede analizar su caso para determinar si es posible presentarle una propuesta por sus derechos económicos.

¿Ya ganó su demanda por privación injusta? Solicite el análisis de su sentencia con Conactivos.

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